Actualmente, la igualdad entre hombres y mujeres se erige como un principio fundamental que queda recogido, tanto en los textos constitucionales como en la legislación interna-cional, al menos, en las sociedades occidentales. No obstante, históricamente el camino hacia el reconocimiento formal de la igualdad no ha estado exento de numerosos obstáculos.

La Constitución recoge la no discriminación por razón de sexo y responsabiliza a los poderes públicos para "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas", así como para "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", lo cual, en definitiva, faculta a los poderes públicos a implementar acciones positivas en favor de colectivos específicos que estén en situación de desigualdad real.

En el ámbito de la Unión Europea, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, ha significado un reconocimiento explícito del compromiso para la igualdad entre mujeres y hombres, al constituirse como uno de los objetivos de la Unión. Igualmente, su entrada en vigor ha supuesto combinar la integración de la perspectiva de género, en el conjunto de políticas y programas de la Comunidad Europea, con acciones específicas a favor de la mujer ("principio de transversalidad").

A todo ello, hay que añadir que la igualdad de oportunidades, se constituye como uno de los cuatro pilares básicos que fundamentan la estructura actual de las directrices para las políticas de empleo para el año 2.000 en la Unión Europea, junto con la capacidad de inserción profesional, el espíritu de empresa y la capacidad de adaptación.

No es casual, pues, que de continuo se hayan habilitado mecanismos legislativos destinados a la consecución del principio de igualdad de oportunidades, a nivel nacional e internacional.

Todo esto, nos haría pensar que ya está todo conseguido, pero por desgracia, la realidad en este aspecto deja mucho que desear, en absoluto, es suficiente el mero reconocimiento formal de igualdad, es necesario aún, un gran esfuerzo para conseguir que éste sea real, y aún más en el ámbito rural, por sus peculiares caracterísiticas.